Un pibe que desaparece. Una familia que dice que la última vez que lo vieron estaba en una comisaría, subía a un patrullero, hablaba con policías. Una detención que no queda registrada en ningún lado. Un cadáver que falta. La foto de búsqueda que va desde el poste de luz del barrio hasta las redes sociales. Una muerte en una cárcel. La versión oficial que habla de suicidio. Testigos que contradicen esa acción. Un grupo de vecinos que mata a golpes a un chico. El patrullero que se lo lleva moribundo y esposado. Un Tribunal que no encuentra responsables de ese crimen. Un nene al que lo atraviesa una bala narco. Un móvil de prefectura que nunca llegó para auxiliarlo.
Vidas en suspenso. Jóvenes y violencia institucional pretende poner la lupa sobre una escena opaca: la violación de los derechos humanos por parte de los distintos actores del sistema penal. Las violencias estatales –por acción directa o por omisión– que encarnan y reproducen las distintas fuerzas de seguridad –policía Federal, provincial o comunal; gendarmería; prefectura–, los servicios penitenciarios y las instituciones del sistema de administración de Justicia.